Principio de protección fiduciaria
Los principios de la protección del fideicomiso son la protección de la supervivencia, la protección de la propiedad y la protección del programa.
1. Protección de la supervivencia:
Los organismos administrativos no cancelarán, modificarán o derogarán arbitrariamente actos administrativos que hayan surtido efecto, salvo que existan razones y procedimientos estatutarios. Esto significa que la contraparte puede confiar en las acciones de la agencia administrativa y realizar acciones y arreglos razonables basados en esta confianza.
Si la agencia administrativa cambia o revoca sus acciones a voluntad, causará pérdidas y problemas innecesarios a la contraparte. Por lo tanto, los organismos administrativos deben considerar cuidadosamente al realizar acciones administrativas para garantizar la legalidad y estabilidad de sus acciones.
2. Protección de la propiedad:
Si las acciones de los organismos administrativos causan pérdidas de propiedad a la contraparte, se debe proporcionar una compensación o compensación razonable. Esto tiene como objetivo proteger los derechos e intereses legítimos de la contraparte y evitar que los organismos administrativos abusen de su poder y causen pérdidas económicas innecesarias a la contraparte. En este caso, la contraparte tiene derecho a exigir al organismo administrativo que asuma las responsabilidades legales correspondientes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos.
3. Protección procesal:
Cuando los órganos administrativos modifiquen, revoquen o deroguen actuaciones administrativas, deberán seguir los procedimientos y requisitos legales para proteger el derecho de la contraparte a saber, a participar y a reparar. . bien. Esto significa que cuando los organismos administrativos toman decisiones relevantes, la contraparte tiene derecho a conocer información relevante, participar en el proceso de toma de decisiones y buscar reparación cuando crea que sus derechos e intereses han sido infringidos.
A través de la protección procesal, las contrapartes pueden salvaguardar mejor sus derechos e intereses legítimos y garantizar que las acciones de los organismos administrativos cumplan con las regulaciones legales y los requisitos procesales. El principio de protección de la confianza significa que cuando los organismos administrativos ejercen sus poderes, deben proteger la confianza de la contraparte y las expectativas razonables de sus acciones, y no deben cambiar, cancelar o abolir arbitrariamente acciones administrativas que ya hayan entrado en vigor.
En caso contrario, se deberá otorgar una compensación o compensación razonable a la contraparte. En resumen, el propósito del principio de protección de la confianza es salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las contrapartes administrativas, mejorar la credibilidad y la conciencia del estado de derecho de las agencias administrativas y promover la construcción de un gobierno de derecho. Este principio es de gran importancia en el campo del derecho administrativo y es importante para proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones.